La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca «garantizar la independencia de los jueces» y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado «una persecución judicial» contra la ex presidenta y miembros de sus dos gobiernos.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es «un intento de colonizar la justicia» con «un reparto de cargos» para «proteger a los autores de delitos de corrupción».
La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.
También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados.
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